UPCP reclama que no fue convocado para la firma del Pacto social, económico y cultural
Esta mañana, el gobernador Jorge Capitanich rubricó un compromiso para el crecimiento económico y la inclusión social con los integrantes del Consejo Económico y Social (CONES), y representantes de las tres centrales sindicales: la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las 62 Organizaciones Peronistas; incluyendo a empresarios, productores de bienes y servicios, a las universidades nacionales y a los movimientos sociales.
Se trata de un gran acuerdo multisectorial que en lo inmediato busca hacerle frente a la emergencia económica y social de la provincia, garantizando paz social y sin resignar el ejercicio democrático de los derechos de la diversidad de sujetos políticos, económicos, sociales y culturales del Chaco.
En tal sentido, desde el gremio de la Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP), informaron que no fueron convocados formalmente para la suscripción de dicho pacto.
El secretario general, José Niz, indicó que UPCP es una asociación sindical con personería gremial Nro. 1227, «que representa a todos los trabajadores de la administración pública provincial, autárquicos y descentralizados activos, pasivos y retirados, personal transitorio encuadrado en el Escalafón General y no forma parte de la CGT, porque no está confederada».
Por lo que reclamó «no recibimos convocatoria formal ni el texto del Pacto, procedimiento indispensable para someter a consideración del Plenario Provincial de Delegados, como cuerpo orgánico estatutario consultivo, deliberativo y resolutivo, la suscripción de este tipo de acuerdos, que requiere mandato expreso tal como lo establece el Estatuto».
«Todos los chaqueños necesitamos una provincia que desarrolle todo su potencial, y para eso elegimos cada cuatro años a las autoridades que nos gobiernan quienes deben dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales», manifestó el dirigente.
«Nos preocupa, como trabajadores la crítica situación de los servicios públicos y su funcionamiento, los que demandan un abordaje inmediato por parte de las autoridades elegidas por el pueblo, dado que las prestaciones deficientes impactan negativamente en toda la comunidad del Chaco», sostuvo y afirmó además que «los sindicatos con personería gremial, regulados en la Ley 23551, tenemos ámbitos institucionales para el tratamiento de la problemática de los trabajadores y las condiciones de empleo, con más razón, en el Chaco, en que está plenamente vigente la ley de Negociación Colectiva 1767-L la que fue reglamentada en el año 2010, durante la primera gestión del actual gobernador de la Provincia».
«Consideramos que nuestro ámbito natural debe ser respetado, como espacio institucional para arribar a acuerdos y consensos», finalizó Niz.
